lunes 23 de enero de 2012

Reportarán notarios operaciones a la PGR

desde hace varios años, recordó el presidente del Colegio de Notarios de Chiapas, Ezzio del Pino González.

El Senado avaló la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita por unanimidad, durante el primer trimestre de 2011, un marco jurídico que tiene como objetivo debilitar las estructuras financieras de grupos delictivos, con origen en las 40 recomendaciones que emitió un organismo internacional.

La norma prohíbe adquirir en efectivo-aunque no vía transferencia bancaria-bienes inmuebles, automóviles, relojes, joyería, metales, piedras preciosas y obras de arte, entre otros productos, si su precio excede de los límites previstos, informó el directivo del Instituto Mexicano de Contadores Públicos Chiapanecos (Imcpch), Néstor Gabriel López López.

Las instituciones crediticias y los fedatarios deberán reportar las transacciones no sólo al Servicio de Administración Tributaria (SAT), también a la PGR, orden que en caso de desacatarse equivaldrá a una sanción pecuniaria de hasta 4 millones de pesos o de un monto similar al del movimiento no comunicado.

Las medidas afectarán la actividad económica local, porque la gente usa efectivo por la baja cultura financiera y la escasa infraestructura bancaria, deficiencias que son acentuadas en las zonas rurales, admitió.

Una persona no podrá ser acusada de lavar dinero hasta que sea revisada la periodicidad de sus operaciones, vía declaraciones patrimoniales, de acuerdo con la propuesta.

Aseveró que México es uno de los países de América Latina que no cuenta con leyes en la materia. La detección de operaciones con recursos ilícitos es desarrollada con lineamientos de carácter general, entre ellos el impuesto a los depósitos en efectivo y la restricción para cambio de dólares.

El 6 por ciento del producto interno bruto nacional -valor total de los bienes y servicios producidos en un ejercicio- tiene su origen en actividades del crimen organizado. El 50 por ciento de los beneficios fueron "legalizados" gracias a la adquisición de patrimonios, tangibles o inmateriales. La décima parte del 4 por ciento que creció la economía mexicana durante 2011 fue costeada por la delincuencia, estimó el investigador.


FUENTE: El Heraldo de chiapas web